18 DE JULIO: LA MUERTE EN CIERNES

18-07-2026

Mi abuela me ha contado la misma historia desde que era un niño. Tantas veces que ya no sé si la recuerdo porque la escuché o porque terminé imaginándola. Un día llamaron a la puerta de casa. Sacaron a Felipe, su abuelo. Lo fusilaron. Después quemaron su cuerpo en cal. A su mujer solo le devolvieron una mano de su cadáver. Aquello ocurrió en la retaguardia republicana. Crecí sabiendo que esa historia formaba parte de mi familia y, por tanto, nunca he necesitado que nadie me explique que en la Guerra Civil también hubo asesinatos, persecuciones y barbarie en el bando con el que, políticamente, sigo sintiéndome identificado. Precisamente por conocer esa historia desde niño me cuesta tanto aceptar los relatos simplistas que reducen aquel conflicto a una lucha entre héroes y villanos.

Este año se cumplen noventa años del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Noventa años de una herida que España nunca ha terminado de cerrar porque, en demasiadas ocasiones, seguimos utilizándola como un arma política en lugar de asumirla como una lección histórica. Basta con observar cualquier debate público sobre la Guerra Civil para comprobar que seguimos atrapados en una lógica de trincheras: unos necesitan presentar a la Segunda República como un proyecto casi impoluto para defender su legitimidad; otros convierten los crímenes cometidos en la retaguardia republicana en una justificación implícita del levantamiento militar. Ambos discursos, aunque opuestos, tienen algo en común: sacrifican la complejidad de la historia en favor de un relato cómodo para sus propias convicciones.

No escondo las mías. Soy republicano por convicción democrática. Creo que la jefatura del Estado debería depender de la voluntad de los ciudadanos y no del nacimiento. También considero que la Segunda República representó el intento más ambicioso de modernizar una España profundamente desigual, con reformas educativas, sociales y laborales que buscaban acercar el país a las democracias europeas de su tiempo. Pero ser republicano no significa convertir la República en un mito intocable. Significa, precisamente, poder analizarla con la serenidad suficiente como para reconocer sus errores sin por ello renunciar a defender su legitimidad.

Y esa legitimidad constituye el punto de partida imprescindible para entender todo lo que ocurrió después. La Segunda República atravesaba una crisis política enorme. Existía una polarización creciente, violencia en las calles, enfrentamientos entre organizaciones extremistas, gobiernos incapaces de generar consensos duraderos y una desconfianza mutua que iba erosionando las instituciones. Todo eso es cierto y negarlo sería un ejercicio de deshonestidad intelectual. Pero de esa realidad no se desprende la conclusión a la que algunos siguen intentando llegar noventa años después. Una democracia puede ser imperfecta, profundamente imperfecta incluso, y seguir siendo una democracia. El Gobierno del Frente Popular había llegado al poder mediante unas elecciones cuya legitimidad fue reconocida por las propias instituciones de la época. El 18 de julio no comenzó una guerra inevitable entre dos Españas condenadas a enfrentarse. Lo que comenzó fue un golpe de Estado contra un gobierno legítimo que fracasó parcialmente y terminó desembocando en una guerra civil.

Ese orden de los acontecimientos importa porque establece una diferencia fundamental entre explicar y justificar. Explicar por qué una sociedad llegó a un nivel de enfrentamiento semejante es una obligación para cualquier historiador. Justificar un golpe militar porque existía violencia política previa supone aceptar que las armas pueden sustituir a las urnas cuando el resultado electoral deja de gustar a una parte de la sociedad. Ese es un precedente que ninguna democracia puede permitirse asumir.

Reconocer ese hecho, sin embargo, no obliga a cerrar los ojos ante los crímenes cometidos en la zona republicana. Durante los primeros meses de la guerra se produjeron asesinatos indiscriminados, sacas de presos, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones religiosas y venganzas personales que dejaron miles de víctimas inocentes. Algunas respondían a un clima revolucionario que escapaba al control de las autoridades; otras fueron impulsadas por milicias o comités locales que actuaban al margen de cualquier legalidad. Mi propia familia conserva el recuerdo de una de esas víctimas. Sería una falta de respeto hacia ella fingir que aquello no ocurrió simplemente porque contradice mis convicciones políticas.

Pero sería igualmente deshonesto ignorar que la violencia ejercida por los sublevados tuvo características distintas. Desde muy pronto existió una represión organizada, dirigida por las nuevas autoridades militares y concebida no solo para eliminar la resistencia inmediata, sino para transformar la sociedad mediante el miedo. Y cuando terminó la guerra esa violencia no desapareció con el fin de los combates. Continuó durante décadas bajo la cobertura del Estado franquista, mediante consejos de guerra sin garantías, ejecuciones, cárceles, trabajos forzados, depuraciones profesionales, censura y exilio. Mientras los crímenes cometidos en la zona republicana fueron utilizados como elemento central de la propaganda del régimen vencedor, buena parte de las víctimas de la represión franquista permanecieron silenciadas durante generaciones. Recordar esa diferencia histórica no significa establecer una competición entre víctimas, sino comprender que ambas violencias respondieron a dinámicas distintas y tuvieron consecuencias también distintas.

Quizá uno de los mayores fracasos de nuestra memoria colectiva sea que seguimos preguntándonos quién tuvo más razón en lugar de preguntarnos por qué una democracia terminó convertida en un campo de batalla. Seguimos buscando argumentos para confirmar nuestra identidad política en vez de utilizar la historia para cuestionarla. La Guerra Civil se ha convertido, demasiadas veces, en un espejo donde cada uno solo quiere ver reflejadas sus propias certezas.

Sin embargo, la historia rara vez ofrece ese consuelo. La historia incomoda. Obliga a aceptar que personas que defendían ideales nobles fueron capaces de cometer atrocidades. Obliga también a reconocer que quienes justificaron aquellas atrocidades en nombre de un supuesto orden acabaron imponiendo una dictadura de casi cuarenta años. Y obliga, sobre todo, a entender que las víctimas nunca deberían convertirse en munición para las discusiones del presente.

Cada vez que escucho a alguien justificar el golpe militar porque hubo asesinatos en la retaguardia republicana, vuelvo a pensar en mi tatarabuelo. Y cada vez que escucho minimizar aquellos asesinatos porque el franquismo causó un sufrimiento mucho mayor, también pienso en él. Su muerte no deja de ser un crimen porque otros crímenes fueran más numerosos o estuvieran mejor organizados. La memoria de una víctima no necesita competir con la de otra para ser digna de respeto.

Quizá esa sea la única conclusión útil noventa años después. Podemos defender la legitimidad democrática de la Segunda República y condenar sin matices el golpe de Estado que intentó destruirla. Podemos denunciar la represión franquista y, al mismo tiempo, reconocer los asesinatos cometidos por quienes actuaban bajo la bandera republicana. No existe contradicción alguna en sostener ambas ideas. De hecho, creo que esa es la única forma honesta de enfrentarse a nuestro pasado.

Porque una democracia madura no se construye olvidando la historia ni utilizándola como un arma arrojadiza. Se construye aceptando toda su complejidad, incluso cuando esa complejidad afecta a nuestras propias convicciones. Yo seguiré siendo republicano. Pero también seguiré recordando la historia que mi abuela me contó desde niño. No porque debilite mis ideas, sino precisamente porque las obliga a sostenerse sobre la verdad y no sobre el mito. Si noventa años después somos incapaces de hacer ese ejercicio de honestidad, entonces la Guerra Civil seguirá librándose, no con fusiles, sino con relatos.